LOURDES TIBÁN
La asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán señaló la urgencia para que la Asamblea Nacional de paso al proyecto de coordinación entre la justicia ordinaria e indígena con la respectiva consulta prelegislativa, ante los múltiples ajusticiamientos que se han suscitado, en especial por la sanción de pena de muerte impuesta en contra de Orlando Quishpe, señaló como autor intelectual de un asesinato. Tibán indicó que el caso del detenido por asesinato debe ser resuelto en la comunidad de La Cocha en la provincia de Cotopaxi ya que la real intención de los ajusticiamientos indígenas es reinsertar de manera inmediata a los malhechores a su comunidad por lo que dicho colectivo indígena debe analizar que sanción impone en contra de este presunto asesino. Aseguró que el problema en este caso es que no existe el entendimiento al sector indígena ya que ellos quieren juzgar al supuesto asesino en base a su justicia, caso contrario la exigencia es que la justicia ordinaria sentencie a 25 años de cárcel al asesino. Explicó que en su proyecto de ley se debe establecer la coordinación y cooperación de la justicia indígena con la ordinaria para de esta forma darle validez a las investigaciones realizadas por las comunidades indígenas. En cuánto a la consulta prelegislativa de la ley del agua, calificó como “un lavado de manos” del oficialismo el convocar a esta consulta debido a la falta de votos para su aprobación, agregó que hay que normar dicha consulta previa y calificó al presidente de la república, Rafael Correa de “boca suelta” por adelantar criterios en cuánto a esta consulta prelegislativa, en lugar de respetar las competencias de las demás funciones del estado y cuándo le toque proceder lo haga sin aspavientos. Admitió que la CONAIE recibió $2 millones de dólares del gobierno pero no para financiar sus actividades sino para un proyecto de educación intercultural bilingüe que se extenderá por 10 años.
RAMIRO AGUILAR
El abogado penalista Ramiro Aguilar calificó a la justicia indígena como “un delirio” inventada por los asambleístas de Montecristi en el 2008 que cometieron el error de crear una jurisdicción de delitos paralelo al estado de derecho, algo que no se ha visto en ningún país del mundo. Aguilar indicó que todo lo que comienza como un esnobismo jurídico y cultural termina en actos bochornosos como el supuesto ajusticiamiento en la comunidad de Zumbahua. Manifestó que es una “desproporción totalmente delirante” las sanciones impuestas por la comunidad indígena en contra de los implicados en un asesinato ya que mientras sanciona y perdona a los cómplices de este hecho con “2 baldazos de agua fría y un ortigazo”, al supuesto autor intelectual lo condena a muerte cuándo eso no esta contemplado en ninguna ley o parte de la Constitución. Explicó que el límite de la supuesta justicia indígena que no es más que un “acto de desvarío” es la Constitución de la república.
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